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El Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social (CEPRS) adolece aún de muchos
vacíos legales lo que impide que los detenidos sean sujetos de derechos y obligaciones. Se abusa de la prisión preventiva y los trámites legales son muy lentos. Hasta finales del 2007 no existía una
normativa clara sobre la situación de los hijos de los privados de la libertad. En consecuencia la pena también se trasladaba a ellos y la mayoría se veía obligada a ingresar a la cárcel junto con
sus padres, en especial su madre, con el agravante de que su situación no les permitía acceso a servicios
elementales como alimentación, salud y educación.
Las autoridades de las prisiones se esforzaban por sacar a los menores fuera de la cárcel pero
los enviaban a instituciones de protección que lamentablemente en su mayoría no estaban calificadas para manejar adecuadamente a estos niños. Por el hecho de ser hijos de presos recibían un trato
peyorativo, discriminativo lo que les obligaba a fugarse a las calles o retornar nuevamente a la cárcel donde sus padres.
La
infraestructura de los centros de rehabilitación social se encuentra aún en muy mal estado. Los servicios básicos como agua potable, luz, alcantarillado, así como las baterías sanitarias son
insuficientes y presentan pésimas condiciones.
Solamente en el CRSMI vivía el 21% de la población infantil total del país. Se debían acomodar
uno o más hermanos en la celda con su madre, en un espacio de 2,2 x 2,6 m. En los bloques más nuevos se cuenta con agua caliente (servicio que pagan las presas), con un mobiliario adecuado y hay
poco hacinamiento y ruido, mientras que en el bloque más antiguo, en el que habitaba el 58% de los niños, las baterías sanitarias están muy deterioradas, no hay agua caliente, el mobiliario está viejo,
el aseo es mínimo y hay mayor hacinamiento y ruido.
Así mismo no existen espacios verdes y cuentan únicamente con una cancha deportiva de 30 x 15 m.
La situación de hacinamiento, promiscuidad, corrupción, violencia, inadecuada alimentación,
ausencia de educación y servicios de salud que existe al interior de estos centros traía consecuencias muy graves tanto físicas como psicológicas en los hijos de los detenidos.
En lo físico, presentaban cuadros de diarreas agudas, enfermedades respiratorias, enfermedades
de la piel, desnutrición, parasitosis intestinal, anemia.
En la mayoría de niños y niñas se presentaban índices de inteligencia entre regular y
deficiente, teniendo una capacidad muy limitada de comprensión, reflexión y aprendizaje.
En lo psíquico y emocional estos niños presentaban muchas veces conductas violentas y agresivas,
reacciones neuróticas, tristeza, apatía y lo que es más grave conductas de prostitución y drogadicción promovidas incluso por sus propias madres a cambio de beneficios económicos.
Un grave problema que sigue presentándose es la desintegración familiar a la que se enfrentan
los menores hijos de detenidos. Les ocasiona una enorme fragilidad y muchas veces ruptura de los vínculos afectivos. Estos niños son objeto de maltrato, descarga de las frustraciones y sentimientos
de culpa de sus padres, y muchas veces abandono. Otros quedan también en la orfandad por muerte de sus padres a consecuencia de actos delincuenciales.
En los casos en que viven con la familia ampliada (tíos, abuelos, etc.) también son objeto de
maltrato, de recargo de tareas y obligaciones y en muchas ocasiones de violencia sexual siendo los agresores gente cercana a la familia como padrastros, cuñados, convivientes, etc.
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